La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata le dio un giro a la disputa por las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires al congelar la medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo. De esta manera, quedó revocada la resolución de primera instancia del Juzgado N° 1 de Bahía Blanca que obligaba a retrotraer las facturas a los valores previos al 1° de agosto. Con este fallo, el Gobierno bonaerense quedó habilitado para aplicar en las próximas boletas los incrementos autorizados mediante la Resolución N° 585/2026 del Ministerio de Infraestructura.
El reclamo judicial para dar marcha atrás con la suspensión había sido presentado en conjunto por la administración provincial y las cuatro grandes empresas distribuidoras del territorio: EDELAP, EDEA, EDES y EDEN, a las que se suman más de 200 cooperativas del interior. En su fundamentación, la Provincia argumentó que frenar la actualización tarifaria ponía en riesgo severo la sustentabilidad del servicio, afectando directamente la operatividad, el mantenimiento de las redes, las inversiones de infraestructura y la cobertura de los costos laborales. A su vez, desde la Fiscalía de Estado y el OCEBA advirtieron sobre la imposibilidad técnica de desglosar los componentes nacionales y provinciales de la tarifa sin distorsionar el sistema de facturación.
Al evaluar la apelación, los jueces de la Cámara respaldaron la postura técnica de la Provincia y entendieron que la suspensión del aumento generaba un perjuicio potencial al interés público. Por tal motivo, otorgaron efecto suspensivo al recurso presentado, restituyendo la vigencia del cuadro tarifario con subas de entre el 1,5% y el 3,5%. No obstante, el tribunal aclaró que esta resolución no clausura el debate, ya que la cuestión de fondo sobre la validez y razonabilidad del incremento aún debe ser resuelta en las instancias definitivas del proceso.
