La Justicia bonaerense ordenó suspender el último aumento de luz dispuesto para la capital provincial y el interior bonaerense. A través de una medida cautelar, el juez Agustín López Cóppola, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, frenó la aplicación del esquema aprobado bajo la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura. El fallo le dio la razón al Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, quien impugnó los incrementos aplicados desde el 1° de agosto al señalar que el Ejecutivo no cumplió con el paso legal de convocar a audiencias públicas para debatirlos con los usuarios.
La decisión judicial alcanza de forma directa a las distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, con efectos que se extienden al resto del sistema cooperativo provincial. Con este marco, las empresas deberán dar marcha atrás con la actualización aplicada sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) y volver a facturar con los cuadros vigentes al mes de julio. Además, la resolución establece un mecanismo de compensación obligatoria: las sumas que ya hayan sido percibidas bajo el nuevo cuadro tarifario deberán ser acreditadas a favor de los clientes en la liquidación de la próxima boleta.
El nudo del fallo radica en el derecho a la participación ciudadana antes de la fijación de precios en los servicios públicos. López Cóppola desestimó el argumento del gobierno provincial, que pretendía dar por cumplido el trámite citando las audiencias realizadas a fines de 2016. Apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema, el magistrado remarcó que el transcurso de casi una década inhabilita esa instancia previa y ratificó que la información adecuada y el debate público resultan instancias obligatorias e insoslayables para darle legitimidad a cualquier ajuste en las tarifas.
